Empadronar a un inmigrante implica darle los servicios de sanidad y de educación. Hace ya varios años se discutió si los sin papeles tenían derecho a estos servicios y se decidió que sí. No sólo por decencia humana, también porque en ese momento nos interesaba como país tener mucha inmigración, legal, ilegal o mediopensionista. Esto es cosa juzgada y el ayuntamiento de Vic no es quien para revisarlo.
¿Se puede revisar esta decisión a nivel nacional? Sí, claro. The Economist tuvo hace tiempo la decencia de declarar que, en su opinión, debían retirarse esos derechos. A mí no me parece buena idea. No sólo por un tema de principios y de decencia humana. Es que ni queremos ver a los sin papeles muriéndose en la puerta del hospital, ni querríamos que sus hijos se pasaran el día vagabundeando por la calle. Todos sabemos que la principal función del sistema educativo es tener a los chavales entretenidos y sin delinquir hasta que puedan ir al trabajo o a la cárcel.
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